Según la organización de consumidores, el consistorio ovetense 'tira a la papelera' o archiva las quejas de los consumidores. Por eso han denunciado al ayuntamiento ante el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Aseguran que la OMIC tiene la consigna de no abrir expedientes sancionadores a empresas. Además, exigen al Principado que retire al consistorio de la capital sus competencias en materia de consumo.
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